Situación de los Grupos Vulnerables en el estado Portuguesa: Niños, Niñas y Adolescente, Mujer y Familia.

Situación de los Grupos Vulnerables en el estado Portuguesa: Niños, Niñas y Adolescente, Mujer y Familia.

 

La Asociación Civil Centro de Educación Integral Gurrufio junto a la Red Unida de Portuguesa; mediante una compilación documental digital y entrevistas en profundidad realizada a actores sociales: médicos, enfermeras, madres de familia, voceros de Clap, Caritas, organizaciones de DDHH y fundaciones que abordan el área de Infancia y Adolescencia; como otros informantes claves, durante el año 2019 – 2020, se ha constatado la realidad Portugueseña, en ciertas oportunidades se pudo visibilizar mediante informes, pronunciamiento, conversatorios, RRSS, programas de radios, entre otros espacios de participación.

En concordancia, con el artículo 19 de la CRBV (1999), obligación ineludible del Estado proveer los medios necesarios para garantizar los DDHH esenciales a la población, donde satisfagan sus necesidades básicas, cuenten con modos o estilos de vida que los aparten de la pobreza hacia un entorno sostenible y seguro. En esta línea, nos apoyamos tomando como referencia el método multidimensional, (ingresos, empleo, educación, condiciones de la vivienda, servicios públicos); agravándose con la presencia del Covid 19, evidenciándose los hallazgos siguientes:

1. Alto índice de desnutrición en la población infantil juvenil, adultos mayores, así como mujeres y adolescentes embarazadas por inseguridad alimentaria y nutricional, como consecuencia de una insuficiente alimentación, por tanto, corren mayor riesgo de enfermarse. En este sentido, sus respuestas inmunológicas no responden adecuadamente por mala alimentación, dietas sin nutrientes, deterioro general del envejecimiento, los niños, niñas y adolescentes con patologías crónicas como pacientes renales, están sin recibir sus tratamientos oportunamente, ni atención médica como consecuencia de la precaria situación de salud en el estado.

Aunado a la prevalencia de la mujer como jefa de hogar sin recursos y escasos ingresos para afrontar la crisis, es allí, donde se decide buscar qué comer o quedarse en su casa, porque en su mayoría son empleados públicos, o en su defecto, ejercen la economía informal. Situación constatada con visitas in situ.

2. El derecho a la educación, afectado severamente por el precario acceso a internet, ausencia de protocolos y metodologías para el uso de herramientas digitales en el proceso educativo, situación que genera en la infancia y adolescencia estrés, aumentando su vulnerabilidad ante situaciones de agresión o maltrato dentro del sistema familiar, porque en su mayoría no está preparado para abordar el respectivo acompañamiento pedagógico a los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA). Estos factores minimizan la optimización de la educación, incrementado las desigualdades y exclusión, además, del severo rezago escolar.

Es preciso, resaltar que aparte de educación y enseñanza, las escuelas brindan contención social emocional a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, por tal motivo, es indispensable garantizar y organizar la continuidad del aprendizaje como bienestar, brindando herramientas, acompañados de mecanismos protectores a sus padres, representantes, responsable o adultos significativos. De acuerdo con UNICEF (2020), además de recalcar constantemente la necesidad de ponderar las medidas sanitarias de prevención, es necesario destacar:

La importancia de acompañar y dar contención emocional a los y las adolescentes en este contexto. El diálogo es fundamental para que dimensionen los riesgos, sin entrar en pánico. También escuchar sus preocupaciones, responder a sus preguntas, animarlos a expresar y comunicar sus sentimientos, y enseñarles hábitos saludables al compartir con amigos y amigas. (p.2).

Desde esta realidad, el Centro de Educación Integral Asociación Civil Gurrufio, diseñó un proyecto de acompañamiento (aun no ejecutado, esperando financiamiento); involucrando aspectos legales jurídicos, salud, ciudadanos, a través de un plan de acción con tres áreas de abordajes, por medio de estrategias como: charlas, conversatorios, tertulias, foros chat, blogger), dirigida a esta población:

a)    Formación sobre Aspectos Generales de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.   

b)    Desarrollo Biopsicosocial de la y el adolescente, y Educación sexual.  

c)    Diálogo de Infancia y Adolescencia en tiempo de pandemia.

3. Debe puntualizarse, el tema de los “Niños dejados atrás”, en cierto modo, los se benefician con oportunidades de desarrollo como consecuencia del aumento de los ingresos de su familia, mediante las remesas, que servirán para cubrir alimentación, vivienda, educación o salud, que seguramente no hubiese sido posible sin la migración. No obstante, los niños y las niñas que los migrantes dejan atrás, se produce una pérdida de referentes afectivos por sus padres o madres, aumenta la probabilidad de que no reciban el mismo cuidado, trato, atención o protección adecuada contra todas las formas de violencia.  Dicha ausencia, conlleva a una desintegración familiar, produciendo perjuicio psicosocial que puede convertirse en sentimientos de abandono y vulnerabilidad. 

En torno a esto, cuando los padres emigran por ciertas necesidades se comienza a dibujar un nuevo modelo de familia para los NNA con los abuelos u otros familiares, los cuales poco conciben con responsabilidad la crianza y educación de estos; en consecuencia, se violentan las obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, ejercicio progresivo de los derechos y garantías, conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, ser criado en el seno de su familia de origen, mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre, integridad personal: integridad física, síquica y moral, responsabilidad del padre, la madre, representantes o responsables en materia de salud, obligación del padre, madre, representantes o responsables en materia de educación; entre los de mayor prevalencia.

Cabe resaltar, que muchos padres han decidido partir dejando la responsabilidad de crianzas de sus hijos mediante un poder amplio donde les dan cualidad para cambiar de domicilio, firmar permiso de viajes, inscribirlo en la escuela, retirar los boletines, entre otras facultades propia de la responsabilidad de crianza y custodia; Inclusive, este supra poder, no les da facultad de decidir sobre alguna eventualidad o emergencia en la salud de los NNA; perjudicando en gran medida el disfrute de los derechos o garantías antes enunciados, con considerables consecuencias futuras que pueden perturbar su desarrollo biopsicosocial.

Este contexto llama a la reflexión, en cuanto a las medidas necesarias que se debe tantos para los padres migrantes como los hijos que dejan a cargo de terceras personas; y no asumirlo a la ligera, de forma desordenada o improvisada como realizando actualmente. La LOPNNA (2015), como norma especialísima que regula la materia de Niñez y Adolescencia en nuestro país es muy clara y taxativa en los procedimientos asumir en los distintos casos de instituciones familiares: titularidad de la patria potestad, ejercicio de la responsabilidad de crianza, obligación de manutención, convivencia familiar, colocación familiar o adopción.

De allí, que se recomienda seguir los parámetros establecidos en ellos, en función del interés superior del niño, prioridad absoluta, para garantizar el disfrute efectivos de sus derechos de manera progresiva y de acuerdo a su desarrollo o capacidad evolutiva. Por ende, actuar fuera de ella, vulnera el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías; siendo una obligación que debe brindar la triada Estado, sociedad y familia, desde el momento de su concepción. En nuestro rol de corresponsabilidad, diseñamos un Sistema de Alerta Temprana (SAT), para que sea ejecutado junto a los organismos del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, a fin de diagnosticar la parte preventiva y abordar oportunamente.

3. Durante esta situación de emergencia habido un aumento de la violencia basada en género (VBG), porque al emitir un aislamiento social obligatorio (cuarentena), las víctimas de violencia están en riesgo ante la convivencia íntima con el maltratador. Lamentablemente durante el mes de marzo tuvimos un femicidio en el estado por parte de un funcionario de seguridad hacia su expareja. Aunado a ello, los Órganos receptores de denuncia, prestan escasa atención como aplicación de medidas de protección, destacando, que no existen en el estado casa abrigo para víctimas de violencia.

Dicha realidad, afecta a gran número de mujeres, que no tiene acceso a redes sociales o transporte ni efectivo para trasladarse a denunciar (población rural, barriadas). Hemos reportado casos, que asisten a los Módulos Policiales cercanos a sus comunidades, y no han sido atendidas. Al respecto, la AC Gurrufio en alianza local con Cátedra de la Paz y Redac, ejecutó un Ciclo Formativo de Prevención de Violencia Basada en Género, en 5 comunidades vulnerables del municipio Páez, a través de encuentros presenciales (con las medidas sanitarias de bioseguridad), foro chats, programas de radio.

En este contexto, el fenómeno de feminización de la pobreza, ha llegado a su punto de quiebre: Mujeres haciendo colas de 1 hasta 3 días para comprar gas doméstico con un poco de suerte, porque es más común cocinar con leña; entonces se observan mujeres (sin distinción de edad, ancianas, jóvenes, adolescentes y niñas) cargando pesados fardos de leña para poder cocinar, haciendo largas colas para comprar el poco alimento que se consigue, cargando tobos de agua porque duran hasta 20 días sin servicio de agua potable en sus comunidades.

Lo más alarmante, mujeres que paren a las afueras de los Centros de Salud Público, porque no tiene personal o condiciones de salubridad para ser atendidas, y así un rosario sin fin de vulneraciones de DDHH, que afectan el nivel de vida adecuado, observándose claramente, el envejecimiento como quebrantamiento de la calidad de vida de las mujeres, particularmente, consideramos debe estar enmarcada dentro de la violencia institucional, es importante, que el Estado propicie medidas efectivas para avalar el acceso a los servicios básicos, sueldos y empleos dignos, seguridad social, alimentos y medicamentos, entre otras garantías; que conllevan a la feminización de la pobreza.

Aunado a esto, es el estado de mayor índice de embarazos a temprana edad, con prevalencia en los municipios San Rafael de Onoto y Esteller. Otro hallazgo a resaltar, es el tema de la prostitución forzada, de mujeres y niñas quienes ejercen servicios sexuales a cambio de comida o artículo de uso personal.  

4. Servicios Básicos: Escasez de agua afecta a más del 60% de la población en nuestro estado de acuerdo a la documentación recabada a través de encuesta a los habitantes en comunidades de Acarigua – Araure, inclusive, barriadas de otros municipios como Guanare, Chabasquén, Turen, Esteller, Ospino; impidiendo cumplir con las medidas básicas de higiene, prevención, saneamiento, inclusive, para cocinar. Sumando, el deterioro del servicio eléctrico, gas doméstico (para este último, sustituyen el uso de leña, produciéndose enfermedades respiratorias). Por otro lado, los productores agrícolas dejan de producir por falta de gasolina y transporte. En este tema particular, consignamos un Informe ante la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH en Venezuela, el pasado 29 de junio 2020.   

Esta realidad, imposibilita el acceso de un grupo considerable de la población portugueseña a regulaciones preventivas como a un nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, servicios de salud), indispensable para una vida humana digna, establecido dentro de los derechos de segunda generación y planteado elementos centrales en las Objetivo de Desarrollo Sustentable para la Agenda 2030 de Naciones Unidas; los cuales en sus propósitos fundamentales está garantizar el bienestar integro de la población. Es fundamental, la activación de un plan de emergencia social, mecanismos efectivos para abordar esta realidad, con la intervención de profesionales calificado de Salud, Protección y Seguridad Social.

En Acarigua, a los 20 días del mes de Noviembre 2020.

 

MSc. María Teresa Piñero Suárez

CI. 10895239

Especialista en Educación para la Gestión Comunitaria

Constructora y Mujer de Paz 2020

Activista de DDHH