Actualmente
la violencia y conflictos, han ido en aumento considerablemente, siendo los
primeros afectados los niños, niñas y
adolescentes; no solo por los actos violentos en sí, sino por las consecuencias
que estas situaciones generan en su desarrollo biopsicosocial. Dentro de este
contexto, los grandes avances en materia legislativa a nivel mundial, trajo
como consecuencia que en Venezuela, se
produjeran cambios significativos en materia jurídica, por cuanto, nuestro país
integra los ciento ochenta (180) países que se hicieron parte de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño (C.D.N.) en el año 1989, comprometiéndose a respetar los Derechos de la Infancia, lo que trajo
como consecuencia que en el año 1998 se Promulgar la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente
(L.O.P.N.N.A.)que entro en vigencia en el año 2000.
Por esta
razón, se reconocen que los ciudadanos antes señalados, son sujetos plenos de
derechos y deberes de forma progresiva a su desarrollo evolutivo. Sin embargo,
a pesar de los avances en materia legislativa, en nuestro país, continúan presentándose múltiples
casos que atentan contra la integridad física, psicológica y moral de la
infancia y adolescencia, violaciones constantes de sus derechos a la identidad,
la vida, a ser protegidos contra el abuso sexual, la educación y a ser criados
en una familia, entre muchos otros.
Asimismo,
hay un aumento acelerado de la violencia, como forma de resolver los
conflictos, el cual se ve reflejado en las instituciones educativas, llámese
escuelas, liceos, colegios, además de la familia y la comunidad. Es decir, se
encuentra presente la violencia por encima de la cultura de la paz, lo más
grave de esto es que se establecen patrones de conductas, generalizándose como
una situación normal, a la cual, debemos acostumbrarnos. Cabe
agregar que, la
familia y la escuela son las instituciones más importantes de la sociedad, la
primera porque permite la formación de valores humanos, convirtiéndose en el
lugar apropiado para el desarrollo, así como el
crecimiento de los niños, niñas, adolescentes y la segunda por cuanto,
refuerza estos valores, una y la otra forman parte en el desarrollo integral
del individuo.
Evidentemente,
el deterioro del clima de convivencia tiene muchas causas, se debe señalar
también, no hay una solución única. Es fundamental, formar a los diferentes
actores, para que de forma organizada, planificada y sistematizada colaboren en
la búsqueda de soluciones, por cuanto, difícilmente se pueden enfrentan los
problemas descritos, si no se cuenta con las suficientes herramientas
pedagógicas, andragógicas y metodológicas.
En
atención a lo antes planteado, para disminuir los índices de violencia y
trasgresión de los derechos de niños, niñas y adolescentes es necesario, trazar
planes, ejecutar políticas públicas,
crear programas de formación permanente,
implementar diferentes actividades, como: talleres, charlas o campañas para que
los niños, niñas y adolescentes, sus familias y la comunidad; dar a conocer la
existencia de organismos tales como: Tribunales de Protección, Fiscalías del
Ministerio Publico, Consejos de Protección y Defensorías; quienes están
abiertos a recibir sus problemas y planteamientos, de manera gratuita, y sin
tener que ser acompañados de ningún adulto.
Lo
que trae como consecuencia, es necesario establecer espacios para el diálogo,
donde los docentes, padres y madres
aprendan a manejar circunstancias difíciles; lugares para la discusión,
la convivencia con respeto, donde se reconozcan y aborden efectivamente las
emociones, aptitudes, aprendizajes, así como las conductas de los niños y
niñas, fortaleciendo valores, como el respeto mutuo, la paz, la solidaridad y
la comprensión. De la misma forma, es fundamental el respeto de los derechos de
infancia y adolescentes como sujetos en
desarrollo, ciudadanos del presente y del futuro, para que ejerzan su
ciudadanía activa.
Esto implica que los diferentes actores, llámese docentes, o estudiantes de
educación, abogados, padres, madres, representantes, consejos comunal, entre
otros, tiene una función fundamental a la hora de
cambiar esos esquemas, pues no basta la intención, es necesario estar bien
formado, para ejercer un liderazgo,
consientes, de que niños, niños y adolescentes son ciudadanos en desarrollo, sujetos
plenos de derechos y deberes, para construir con ellos,
más y mejor Democracia, espacios donde impere la tolerancia, la equidad, el
respeto, como forma de enfrentan problemas y situaciones particulares que
surgen dentro de la dinámica diaria.
Se
propone entonces, desarrollar una educación basada en Derechos Humanos cuyo
objeto principal es involucrar de forma directa a docentes, abogados y
diferentes profesionales, de manera indirecta a los padres, madres,
representantes, consejos comunal, entre otros, para abordar positivamente situaciones
de violencia o inadecuadas, incluyendo activamente la escuela y el hogar en una
serie de actividades, de ahí, la importancia del diplomado. Finalmente, se deben crear alianzas entre las
instituciones públicas y privadas, mejorar la operatividad de los organismos
encargados de la protección de los niños, niñas y adolescentes, dotándolos de
insumos, herramientas para que su trabajo sea más efectivo.
Profesora Maria Teresa Piñero
Especialista en Educación para la Gestión Comunitaria
