Situación de los Grupos Vulnerables en el
estado Portuguesa: Niños, Niñas y Adolescente, Mujer y Familia.
La Asociación
Civil Centro de Educación Integral Gurrufio junto a la Red Unida de Portuguesa;
mediante una compilación documental digital y entrevistas en profundidad
realizada a actores sociales: médicos, enfermeras, madres de familia, voceros
de Clap, Caritas, organizaciones de DDHH y fundaciones que abordan el área de
Infancia y Adolescencia; como otros informantes claves, durante el año 2019 –
2020, se ha constatado la realidad Portugueseña, en ciertas oportunidades se
pudo visibilizar mediante informes, pronunciamiento, conversatorios, RRSS,
programas de radios, entre otros espacios de participación.
En
concordancia, con el artículo 19 de la CRBV (1999), obligación ineludible del
Estado proveer los medios necesarios para garantizar los DDHH esenciales a la
población, donde satisfagan sus necesidades básicas, cuenten con modos o
estilos de vida que los aparten de la pobreza hacia un entorno sostenible y
seguro. En esta línea, nos apoyamos tomando como referencia el método
multidimensional, (ingresos, empleo, educación, condiciones de la vivienda,
servicios públicos); agravándose con la presencia del Covid 19, evidenciándose
los hallazgos siguientes:
1. Alto índice de desnutrición en la población
infantil juvenil, adultos mayores, así como mujeres y adolescentes embarazadas
por inseguridad alimentaria y nutricional, como consecuencia de una
insuficiente alimentación, por tanto, corren mayor riesgo de enfermarse. En
este sentido, sus respuestas inmunológicas no responden adecuadamente por mala
alimentación, dietas sin nutrientes, deterioro general del envejecimiento, los
niños, niñas y adolescentes con patologías crónicas como pacientes renales,
están sin recibir sus tratamientos oportunamente, ni atención médica como
consecuencia de la precaria situación de salud en el estado.
Aunado
a la prevalencia de la mujer como jefa de hogar sin recursos y escasos ingresos
para afrontar la crisis, es allí, donde se decide buscar qué comer o quedarse
en su casa, porque en su mayoría son empleados públicos, o en su defecto,
ejercen la economía informal. Situación constatada con visitas in situ.
2.
El derecho a la educación, afectado severamente por el precario acceso a
internet, ausencia de protocolos y metodologías para el uso de herramientas
digitales en el proceso educativo, situación que genera en la infancia y
adolescencia estrés, aumentando su vulnerabilidad ante situaciones de agresión
o maltrato dentro del sistema familiar, porque en su mayoría no está preparado
para abordar el respectivo acompañamiento pedagógico a los niños, niñas y adolescentes
(en adelante NNA). Estos factores minimizan la optimización de la educación,
incrementado las desigualdades y exclusión, además, del severo rezago escolar.
Es
preciso, resaltar que aparte de educación y enseñanza, las escuelas brindan
contención social emocional a los niños, niñas, adolescentes y sus familias,
por tal motivo, es indispensable garantizar y organizar la continuidad del
aprendizaje como bienestar, brindando herramientas, acompañados de mecanismos
protectores a sus padres, representantes, responsable o adultos significativos.
De acuerdo con UNICEF (2020), además de recalcar constantemente la necesidad de
ponderar las medidas sanitarias de prevención, es necesario destacar:
La importancia de acompañar y dar contención
emocional a los y las adolescentes en este contexto. El diálogo es fundamental
para que dimensionen los riesgos, sin entrar en pánico. También escuchar sus
preocupaciones, responder a sus preguntas, animarlos a expresar y comunicar sus
sentimientos, y enseñarles hábitos saludables al compartir con amigos y amigas.
(p.2).
Desde
esta realidad, el Centro de Educación Integral Asociación Civil Gurrufio,
diseñó un proyecto de acompañamiento (aun no ejecutado, esperando
financiamiento); involucrando aspectos legales jurídicos, salud, ciudadanos, a
través de un plan de acción con tres áreas de abordajes, por medio de
estrategias como: charlas, conversatorios, tertulias, foros chat, blogger), dirigida
a esta población:
a) Formación
sobre Aspectos Generales de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y
Adolescente y el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.
b) Desarrollo
Biopsicosocial de la y el adolescente, y Educación sexual.
c) Diálogo
de Infancia y Adolescencia en tiempo de pandemia.
3. Debe
puntualizarse, el tema de los “Niños dejados atrás”, en cierto modo, los se
benefician con oportunidades de desarrollo como consecuencia del aumento de los
ingresos de su familia, mediante las remesas, que servirán para cubrir
alimentación, vivienda, educación o salud, que seguramente no hubiese sido
posible sin la migración. No obstante, los niños y las niñas que los migrantes
dejan atrás, se produce una pérdida de referentes afectivos por sus padres o
madres, aumenta la probabilidad de que no reciban el mismo cuidado, trato,
atención o protección adecuada contra todas las formas de violencia. Dicha ausencia, conlleva a una desintegración
familiar, produciendo perjuicio psicosocial que puede convertirse en
sentimientos de abandono y vulnerabilidad.
En
torno a esto, cuando los padres emigran por ciertas necesidades se comienza a
dibujar un nuevo modelo de familia para los NNA con los abuelos u otros
familiares, los cuales poco conciben con responsabilidad la crianza y educación
de estos; en consecuencia, se violentan las obligaciones generales de la
familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes,
ejercicio progresivo de los derechos y garantías, conocer a sus padres y a ser
cuidados por ellos, ser criado en el seno de su familia de origen, mantener
relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre, integridad
personal: integridad física, síquica y moral, responsabilidad del padre, la
madre, representantes o responsables en materia de salud, obligación del padre,
madre, representantes o responsables en materia de educación; entre los de
mayor prevalencia.
Cabe
resaltar, que muchos padres han decidido partir dejando la responsabilidad de
crianzas de sus hijos mediante un poder amplio donde les dan cualidad para
cambiar de domicilio, firmar permiso de viajes, inscribirlo en la escuela,
retirar los boletines, entre otras facultades propia de la responsabilidad de
crianza y custodia; Inclusive, este supra poder, no les da facultad de decidir
sobre alguna eventualidad o emergencia en la salud de los NNA; perjudicando en
gran medida el disfrute de los derechos o garantías antes enunciados, con
considerables consecuencias futuras que pueden perturbar su desarrollo
biopsicosocial.
Este
contexto llama a la reflexión, en cuanto a las medidas necesarias que se debe
tantos para los padres migrantes como los hijos que dejan a cargo de terceras
personas; y no asumirlo a la ligera, de forma desordenada o improvisada como
realizando actualmente. La LOPNNA (2015), como norma especialísima que regula
la materia de Niñez y Adolescencia en nuestro país es muy clara y taxativa en
los procedimientos asumir en los distintos casos de instituciones familiares:
titularidad de la patria potestad, ejercicio de la responsabilidad de crianza,
obligación de manutención, convivencia familiar, colocación familiar o
adopción.
De
allí, que se recomienda seguir los parámetros establecidos en ellos, en función
del interés superior del niño, prioridad absoluta, para garantizar el disfrute
efectivos de sus derechos de manera progresiva y de acuerdo a su desarrollo o
capacidad evolutiva. Por ende, actuar fuera de ella, vulnera el disfrute pleno
y efectivo de sus derechos y garantías; siendo una obligación que debe brindar
la triada Estado, sociedad y familia, desde el momento de su concepción. En
nuestro rol de corresponsabilidad, diseñamos un Sistema de Alerta Temprana (SAT),
para que sea ejecutado junto a los organismos del sistema de protección de
niños, niñas y adolescentes, a fin de diagnosticar la parte preventiva y
abordar oportunamente.
3.
Durante esta situación de emergencia habido un aumento de la violencia basada
en género (VBG), porque al emitir un aislamiento social obligatorio
(cuarentena), las víctimas de violencia están en riesgo ante la convivencia íntima
con el maltratador. Lamentablemente durante el mes de marzo tuvimos un
femicidio en el estado por parte de un funcionario de seguridad hacia su
expareja. Aunado a ello, los Órganos receptores de denuncia, prestan escasa
atención como aplicación de medidas de protección, destacando, que no existen
en el estado casa abrigo para víctimas de violencia.
Dicha
realidad, afecta a gran número de mujeres, que no tiene acceso a redes sociales
o transporte ni efectivo para trasladarse a denunciar (población rural,
barriadas). Hemos reportado casos, que asisten a los Módulos Policiales
cercanos a sus comunidades, y no han sido atendidas. Al respecto, la AC
Gurrufio en alianza local con Cátedra de la Paz y Redac, ejecutó un Ciclo
Formativo de Prevención de Violencia Basada en Género, en 5 comunidades
vulnerables del municipio Páez, a través de encuentros presenciales (con las
medidas sanitarias de bioseguridad), foro chats, programas de radio.
En
este contexto, el fenómeno de feminización de la pobreza, ha llegado a su punto
de quiebre: Mujeres haciendo colas de 1 hasta 3 días para comprar gas doméstico
con un poco de suerte, porque es más común cocinar con leña; entonces se
observan mujeres (sin distinción de edad, ancianas, jóvenes, adolescentes y
niñas) cargando pesados fardos de leña para poder cocinar, haciendo largas
colas para comprar el poco alimento que se consigue, cargando tobos de agua
porque duran hasta 20 días sin servicio de agua potable en sus comunidades.
Lo
más alarmante, mujeres que paren a las afueras de los Centros de Salud Público,
porque no tiene personal o condiciones de salubridad para ser atendidas, y así
un rosario sin fin de vulneraciones de DDHH, que afectan el nivel de vida
adecuado, observándose claramente, el envejecimiento como quebrantamiento de la
calidad de vida de las mujeres, particularmente, consideramos debe estar
enmarcada dentro de la violencia institucional, es importante, que el Estado
propicie medidas efectivas para avalar el acceso a los servicios básicos,
sueldos y empleos dignos, seguridad social, alimentos y medicamentos, entre
otras garantías; que conllevan a la feminización de la pobreza.
Aunado
a esto, es el estado de mayor índice de embarazos a temprana edad, con
prevalencia en los municipios San Rafael de Onoto y Esteller. Otro hallazgo a
resaltar, es el tema de la prostitución forzada, de mujeres y niñas quienes
ejercen servicios sexuales a cambio de comida o artículo de uso personal.
4.
Servicios Básicos: Escasez de agua afecta a más del 60% de la población en
nuestro estado de acuerdo a la documentación recabada a través de encuesta a
los habitantes en comunidades de Acarigua – Araure, inclusive, barriadas de
otros municipios como Guanare, Chabasquén, Turen, Esteller, Ospino; impidiendo
cumplir con las medidas básicas de higiene, prevención, saneamiento, inclusive,
para cocinar. Sumando, el deterioro del servicio eléctrico, gas doméstico (para
este último, sustituyen el uso de leña, produciéndose enfermedades
respiratorias). Por otro lado, los productores agrícolas dejan de producir por
falta de gasolina y transporte. En este tema particular, consignamos un Informe
ante la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH en Venezuela, el pasado 29 de
junio 2020.
Esta
realidad, imposibilita el acceso de un grupo considerable de la población
portugueseña a regulaciones preventivas como a un nivel de vida adecuado
(alimentación, vivienda, servicios de salud), indispensable para una vida
humana digna, establecido dentro de los derechos de segunda generación y
planteado elementos centrales en las Objetivo de Desarrollo Sustentable para la
Agenda 2030 de Naciones Unidas; los cuales en sus propósitos fundamentales está
garantizar el bienestar integro de la población. Es fundamental, la activación
de un plan de emergencia social, mecanismos efectivos para abordar esta
realidad, con la intervención de profesionales calificado de Salud, Protección
y Seguridad Social.
En
Acarigua, a los 20 días del mes de Noviembre 2020.
MSc.
María Teresa Piñero Suárez
CI.
10895239
Especialista
en Educación para la Gestión Comunitaria
Constructora
y Mujer de Paz 2020
Activista
de DDHH
